En el auto dictado por el juez Eloy Velasco sobre la ‘Operación Lezo’, aparece mencionado que el ex presidente madrileño Ignacio González, «habría colocado a una periodista de su confianza en TVE para que defendiese su imagen o intereses».
Esto ha provocado que el Consejo de Informativos de TVE pidiera al Consejo de Administración de la Corporación pública, que se reunió este miércoles 26 de abril, una investigación para depurar esa responsabilidad. Así también lo exigieron los consejeros Miguel Ángel Sacaluga y Teresa Aranguren en esa reunión, pero su presidente José Antonio Sánchez alegó que eso «le corresponde al juez» lo que fue secundado por el resto de consejeros, y así tumbaron la propuesta.
En su comunicado, difundido el martes pasado,el Consejo de Informativos de TVE (Cdi) exigía “que las contrataciones en TVE se produzcan única y exclusivamente por criterios profesionales y rechaza cualquier tipo de contratación política». Además, señala que lo que apunta el juez Velaco “es de suficiente gravedad como para que la dirección de Radiotelevisión Española dé explicaciones públicas. Este Consejo de Informativos se dirigió a José Antonio Álvarez Gundín a través de un correo en el que estaba en copia el presidente de la Corporación y todos los miembros del Consejo de Administración. Se le pedía que aclarara este asunto; que, de ser cierto, se rescindiera el contrato al que hace referencia el auto judicial; y que, en su caso, se asumieran todas las responsabilidades a que hubiera lugar. En su respuesta, el Director de los Servicios Informativos asegura ignorar a quién se refiere el auto judicial, no dedicarse a «colocar» a nadie y velar por los principios de calidad profesional, independencia y pluralidad. El CdI de TVE manifiesta que es inadmisible que el buen nombre de la televisión pública se mezcle presuntamente con una operación contra una “organización criminal”, tal y como la denomina el juez, y que los responsables de la Corporación, empezando por el mismo Director, no hayan iniciado inmediatamente una investigación. Lo que denuncia el auto judicial es que, presuntamente y en contra de lo afirmado por el Director de los SS.II, se contrató a una periodista por razones exclusivamente políticas y no profesionales, con el encargo explícito de defender desde RTVE los intereses de un partido político concreto, el PP de Madrid. Y se hizo utilizando dinero público”.
En el aire la pregunta, ¿quién es el topo?
Comunicado del Cdi: http://extra.rtve.es/cinftve/20170425OPERACIONLEZO.pdf
