Tras las últimas actuaciones judiciales y sentencias contra humoristas, cantantes, artistas y ciudadanos que han difundidos mensajes en Twitter, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha alertado sobre un retroceso en los valores que caracterizan una democracia, entre ellos el de la libertad de expresión. La UPF recuerda que el primer fin de esta asociación de fiscales es el de «promover la defensa y plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, y entre ellos está, como no puede ser de otra manera, el derecho fundamental a la libertad de expresión».
El Secretariado Permanente de la UPF ha difundido un comunicado en el que indica:
«En ocasiones, viendo la interpretación que de la Carta Magna se hace por el Parlamento, los tribunales de Justicia o, incluso, la propia Fiscalía a la que pertenecemos, cabe preguntarse si no estamos retrocediendo en la consideración y perfeccionamiento de los valores que definen una democracia.
La madurez de una sociedad también se mide por la capacidad de la ciudadanía de tolerar incluso aquello que personalmente nos puede parecer repulsivo o infame, así como por no reaccionar de manera desproporcionada a aquello que nos parece incluso intolerable, quizá porque cuando nos enfrentemos de verdad a lo que consideramos inmoral o inadmisible nos habremos quedado sin respuesta.
Una sociedad democrática no puede pretender que los medios de comunicación moderen escrupulosamente sus palabras; que un humorista, antes de contagiar su risa, piense en las consecuencias de sus chistes; que un artista disfrace o vista sus creaciones; que la metáfora sustituya sistemáticamente a la realidad; que las viñetas mordaces circulen de manera clandestina. Si eso llega a ocurrir, si reivindicamos ese objetivo, le daremos la espalda a los valores de una sociedad democrática libre y adulta, y no será ella la que tenga que cambiar, sino todos nosotros en la interpretación y aplicación de la norma. Para que esta sociedad crea en la Justicia debemos procurar una decidida defensa de los valores constitucionales -libertad, igualdad, justicia y pluralismo político- y de los derechos fundamentales, aquellos derechos que hace más de treinta años tanto nos costó conquistar».
