A raíz de la visita del presidente argentino Mauricio Macri y el gesto de los parlamentarios de grupo Unidos Podemos durante su presencia en el Congreso de los Diputados ha saltado a los medios la figura de Milagros Sala.
Se trata de una activista indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, que se halla detenida desde el 16 de enero en la provincia de Jujuy y por la cual se han interesado distintas organizaciones humanistas internacionales. No obstante, medios como ‘Libertad Digital’, ‘La Gaceta’ o el programa ‘El Cascabel’ del canal de la Iglesia Católica española se han dedicado a desinformar sobre su personalidad y trayectoria de esta controvertida mujer.
Según señala ‘eldiario.es’, Sala “fue detenida por haber participado de una protesta frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy, que también estrenaba gobernador. Gerardo Morales, miembro de la coalición triunfadora liderada por Macri, Cambiemos, arremetía contra su principal enemiga política, que en esas mismas elecciones había resultado elegida diputada del Parlasur, el Parlamento regional suramericano. La Justicia provincial condenó a Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso por el escrache al gobernador –entonces senador– Morales. También le impuso una inhabilitación a integrar organizaciones civiles y una multa por la protesta que su agrupación realizó en la plaza.
Pero la mujer, de 53 años, nunca salió de la cárcel. A estas causas se fueron sumando otras, que la han mantenido presa desde entonces. El Grupo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas afirmó que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de «acusaciones consecutivas» y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida. Además, señaló en su informe que ninguna de las causas penales contra Sala justifica su confinamiento. El gobierno de Jujuy alega que la prisión preventiva se aplica cuando hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que junto con otras organizaciones de derechos humanos sigue el caso, ha llevado a diferentes organismos e instituciones legales internacionales la detención continuada y lo que consideran una “sentencia arbitraria en la que se condenó sin pruebas” a Sala por “instigar” una protesta en la que no participó. Además, el CELS destaca el efecto negativo de la condena sobre el derecho de manifestación en Argentina.
La petición del grupo de la ONU de liberar a Sala ha sido respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
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