El pasado 10 de noviembre, entre una serie de propuestas presentadas al Parlament catalán el grupo parlamentario de la CUP presentaba una enmienda a una propuesta de resolución de Junts pel Sí (PDECAT más ERC e independientes) que decía: “El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a garantizar el libre ejercicio de la prensa y la libertad de expresión, prohibiendo que los agentes del cuerpo de Mossos d’Escuadra requisen cámaras de fotografía y de vídeo a los y las periodistas.”
El rechazo de la misma por los diputados del partido del Gobierno (Junts pel Si), C’s y PP impidió su aprobación; lo que provocó la protesta de distintos colectivos profesionales, incluidas la FeSP y la Federación Europea de Periodistas (FEP); porque se podía suponer que esas arbitrariedades quedaban autorizadas.
Tras un infructuoso periodo de negociaciones en el Parlament catalán, el pasado 14 de febrero se ha aprobado de forma consensuada una “Propuesta de resolución en defensa de las libertades democráticas”, presentada por la diputada Marta Rovira y Vergés, portavoz del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí (JxS), más una transaccional dirigida a modificar la primera propuesta de la CUP.
En la práctica, esta resolución suma una serie de obviedades que, por mera lógica democrática, se supone que tanto el Parlament de Catalunya como el cuerpo de Mossos d’Esquadra deberían tener asumidas e incorporadas en sus actuaciones.
Así, el Parlament se limita a “instar” al cuerpo policial autonómico a garantizar derechos que ya están reconocidos por la Constitución Española y la Convención Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y que se les supone cumplen.
Asimismo, se los insta a reconocer el derecho de los periodista a captar imágenes, cuando este es un derecho de toda la ciudadanía solo limitado de manera arbitraria por las actuales “Leyes Mordaza”; y a reconocer que los periodistas pueden apelar al secreto profesional y a que sus materiales de trabajo no puedan ser incautados.
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