El Informe anual de la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) consigna que “Europa retrocede a pasos agigantados en materia de libertad de prensa, tras la aprobación este año de varias legislaciones, destinadas a preservar la seguridad de los ciudadanos, y que han puesto en riesgo el periodismo de investigación, la confidencialidad de las fuentes y, en general, la privacidad de las comunicaciones de los informadores. A ello se suma la represión a la prensa en Turquía, país que, bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdogán, se ha convertido en la mayor cárcel del mundo para periodistas en 2016.
Países como Reino Unido y Alemania han aprobado medidas de espionaje y vigilancia masivos, no sólo poniendo en jaque derechos adquiridos por los ciudadanos -y periodistas- europeos, sino sirviendo de respaldo moral a todos aquellos países en el mundo, regímenes autoritarios incluidos, que ya aplican medidas de este tipo, o que pueden inspirarse ahora en Europa occidental para ponerlas en práctica.”
En el ejercicio de esas libertades en España, que ocupa el puesto 34 en la Clasificación Mundial 2016 de la Libertad de Prensa, se consigna “el impacto negativo contra el libre ejercicio del periodismo que ha supuesto la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’, en su primer año de vigencia, han sido los temas de mayor relevancia en 2016. Varios periodistas han sido sancionados con fuertes multas administrativas por fotografiar manifestaciones, sucesos y acontecimientos en la calle y otros han sufrido medidas judiciales contrarias al derecho a informar, aunque en la mayor parte de los casos las peticiones fiscales se acabaron retirando o no prosperaron.”
El informe recoge las acusaciones contra los periodistas que fueron sancionados a lo largo del año pasado por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y señala que para RSF dicha Ley “no solo es grave por su texto, sino por la impunidad y abuso de poder que propicia entre algunos elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados y protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso contra los informadores, especialmente los fotógrafos.”
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