El Ministerio del Interior ha decidido, en contra de lo que le sugirió la Defensora del Pueblo, mantener la primera multa que impuso a un periodista en aplicación de la conocida como Ley Mordaza. La Delegación del Gobierno en el País Vasco multó con 601 euros a Axier López, de la publicación vasca Argía, porque el 3 de marzo de 2016 publicó en su cuenta en Twitter una fotografía de la detención de unos activistas, sin pedir autorización a los policías que la llevaron a cabo.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), presentó una queja ante la Defensora del Pueblo. Tras estudiar el caso, Soledad Becerril acordó «sugerir» que esa sanción fuera revocada porque viulneraba derechos fundamentales.
En su escrito, la Defensora del Pueblo indicaba que en este caso no se había respetado el principio de «proporcionalidad» que exige la Constitución a la hora de limitar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión e información, ni se motivaba la constitucionalidad de la sanción impuesta.
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha comunicado que «no acepta» la sugencia hecha por la Defensora del Pueblo de anular la sanción, por lo que Soledad Becerril ha acordado concluir su intervención e incluir este caso en el próximo informe que presentará ante el Congreso de los Diputados.
En otro caso similar, también a instancias de la PDLI, la Delegación del Gobierno en Castilla León acordó en su día anular la sanción impuesta al reportero gráfico Miguel Ángel Valdivieso, de Diario de Burgos, por considerar que «se encontraba ejerciendo su derecho a la libertad de prensa e información».
