Como es de público conocimiento, tras largos años de una sangrienta guerra interna la ciudadanía colombiana será convocada a un referéndum para avalar o rechazar los términos del acuerdo de paz concertado entre el Gobierno y las FAR.
Ante lo trascendente de este proceso para el futuro del país el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha creido oportuno que los medios de comunicación colaboren guardando una labor respetuosa del mismo. Es de señalar que los grandes medios colombianos nunca han guardado esas distancias y se han dedicado, a lo largo de la historia de su país, a auspiciar golpes de Estado y sustentar dictaduras.
Con esos antecedentes, la CNE entiende que los los medios deben garantizar el “pluralismo, equilibrio informativo e imparcialidad…” tanto como “la veracidad en el manejo de información sobre las campañas” del referendum.
Para asegurarse de que ello se cumpla el CNE ha dispuesto que los medios, deben remitirle informes semanales con los tiempos y espacios utilizados para informar de las campañas a favor y en contra del acuerdo de paz. Como seguramente conoce de los alcances reales de la “autorregulación”, ha fijado sanciones, rectificaciones y multas a los medios que publiquen información o encuestas de opinión que no tengan la rigurosidad debida o sean inconsistentes.
Asímismo, establece que el día del plebiscito los medios de comunicación sólo podrán transmitir informaciones sobre temas de orden público que hayan sido confirmadas por fuentes oficiales.
Estas medidas de gran excepcionalidad se disponen, precisamente, por el carácter excepcional de este referéndum que aspira a terminar con casi medio siglo de guerra pero han despertado la reacción de los dueños de los medios y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que considera que se quieren «imponer criterios de pluralidad al interior de cada medio, sin entender que la pluralidad está basada en la suma de opiniones e informaciones que aporten todos los medios en una sociedad”
Así lo ha expresado Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo ‘The Post and Courier’ de Carolina del Sur -propietario de doce medios- quien en el comunicado que firma sostiene que “el CNE viola el principio inquebrantable de la libertad de prensa irrespetando el criterio editorial de cada medio de comunicación”.
Algunos medios españoles han publicado esta noticia copiada de agencias internacionales explicando que la SIP está “dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.”
En realidad, es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas; sus integrantes no son periodistas en ejercicio sino gentes de confianza de los accionistas de los más de 1.300 periódicos y revistas que la integran.
La SIP nació de una operación de la inteligencia estadounidense para hacerse con la organización panamericana preexistente; los responsables de esa operación fueron los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, y el funcionario del Departamento de Estado estadounidense, Tom Wallace. La connivencia de la SIP con las dictaduras y su soporte de los golpes de Estado en América Latina, entre ellos la preparación del golpe contra el Gobierno de Salvador Allende, han sido revelados por los recientes documentados desclasificados de la CIA.
