La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que la presencia de dos policías en la redacción del diario Público.es en la tarde del 24 de junio, para pedir a su director la grabación de unas conversaciones del ministro del Interior que está publicando ese periódico, es «un incidente gravísimo» y «una presión inadmisible» contra el derecho de ese medio y sus periodistas a la libertad de información, el secreto profesional y la protección de las fuentes».
El abogado Carlos Sánchez Almeida, director de asuntos jurídicos de la PDLI -organización entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, ha manifestado que si las conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, fueron grabadas por uno de ellos, no serían ilícitas.
Ha añadido que incluso en el caso de que esas conversaciones hubieran sido grabadas de manera ilícita, algo que está siendo investigado por el Ministerio del Interior, al ser su contenido de interés general no es delito que Público.es u otros medios de comunicación las difundan, porque prima el derecho a la información de la ciudadanía.
Joan Barata, experto en Derecho Internacional sobre Libertad de Expresión, ha afirmado que las autoridades judiciales, policiales o de otro tipo «no pueden obligar a ningún periodista a facilitar información o cualquier tipo de material con el objeto de conocer, por ejemplo, el origen de una filtración aun siendo ésta delictiva».
Comunicado íntegro de la PDLI en: http://libertadinformacion.cc/la-pdli-califica-de-gravisimo-la-entrada-de-la-policia-en-la-redaccion-del-diario-publico-sin-orden-judicial/
