El pasado 12 de enero la policía italiana irrumpió en las oficinas del Canal 7, en Roma, para incautarse de las filmaciones originales de un reportaje del programa “Piazza pulita”, hecho sobre información aportada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta es una repetida y clara violación de los derechos de los periodistas que, por ley, tienen pleno derecho a negarse a aportar información sobre sus fuentes o a entregar el material informativo que hayan producido. Sin embarlo, la ley tiene el defecto de amparar exclusivamente de los periodistas; por lo cual las fuerzas de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (DIGOS), eluden la ley exigiéndole esas entregas al personal administrativo o directivos no periodístico, en ausencia de los autores.
«Hay quienes violan la ley y quienes retuercen las normas. Es singular la tentativa de la Fiscalía de Roma de hacerse con informaciones que los periodistas, en el respeto de la ley, pueden rechazarse de dar. El contenido del reportaje, transmitido de “Piazza pulita”, sobre las declaraciones de un policía que denunciaba lo inadecuado de su equipamiento de seguridad no ha sido desmentido. Por lo tanto, las afirmaciones deben ser considerarse fundadadas”, señala el comunicado emitido el mismo día de la razzia policial por el Ordine dei Giornalisti.
La misma organización considera que “es oportuno que la Junta Superior de la magistratura se interrogue sobre comportamientos como estos que, de facto, tienden a limitar el deber de los periodistas de informar a la ciudadanía; sobre en tema tan delicado como la seguridad de las fuerzas del orden”.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha expresado “su indignación ante el hecho de que la justicia italiana fomente la violación del secreto de las fuentes periodísticas. En las últimas semanas, varios periodistas que investigan casos considerados «sensibles» han visto cómo la policía confiscaba, por orden de los magistrados, sus materiales de investigación con el objetivo de conocer el origen y la identidad de sus fuentes.”
Después de copiar todas las imágenes de vídeo incautadas, la policía los devolvió a la estación de televisión. Los abogados de Canal 7 denunciaron que las «formas brutales» en estos procedimientos están cada vez más generalizadas y que, si los periodistas insisten en la defensa de sus fuentes, los amenazan de acusarlos de del delito de «falso testimonio».
Comunicado del Ordine: http://www.odg.it/content/il-caso-piazza-pulita
