Amnistía Internacional (AI) ha dado a conocer un informe en el cual aseguran que “las personas que expresan una opinión contraria a los líderes sufren un riesgo cada vez mayor de ser castigadas o enjuiciadas”. Lo ha hecho en la presentación de Personas que actúan por personas (Write4Rights), la mayor campaña del mundo por los derechos humanos que, del 4 al 17 de diciembre, se artículará en todo el mundo mediante el envío cartas, mensajes de correo electrónico, SMS, faxes y tuits para pedir la libertad de activistas encarcelados injustamente.
El apartado del documento difundido, titulado “Retrocesos en España”, la organización que en nuestro país “la entrada en vigor el pasado uno de julio, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y de la reforma del Código Penal, han amenazado el ejercicio de derecho de reunión y expresión.
Para Amnistía Internacional, que recogió casi 70.000 firmas pidiendo que se protegiera el derecho a la protesta, la LOSC amplía los poderes a la policía sin ofrecer salvaguardias para los ciudadanos.
Además, contiene limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las «reuniones espontáneas” en determinados lugares.
La restricción de la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes, preocupa a Amnistía Internacional, para quien las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.
En cuanto a la reforma del Código Penal la organización considera que contiene una definición demasiado amplia y vaga de algunos de los delitos de terrorismo. Junto a esto, la prohibición de determinadas declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento, pueden amenazar derechos como la la libertad de expresión y asociación, y a la presunción de inocencia.
En la misma línea, un total de cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado y pedido la retirada de estas reformas legislativas.”
