Desde que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impuso a las televisiones públicas y privadas los llamados «bloques electorales» -la obligación de informar en función de los votos que cada partido o coalición obtuvo en las anteriores elecciones y no por criterios periodísticos-, los profesionales de la información y sus organizaciones han criticado esa norma y se han manifestado públicamente contra ella con diversas formas de protesta.
La respuesta ha sido siempre la utilización del conocido refrán de “sostenella y no enmendalla”, lo que lleva a que las cadenas privadas no cumplan su obligación legal de respeto “al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa”. Porque la proporcionalidad, introducida en la LOREG con la reforma de mayo de 2011, que también amplió ese criterio a las televisiones privadas, se contradice con la igualdad y la neutralidad al otorgar tiempos y orden distintos en función de un criterio que se importó de las normas referidas a los espacios gratuitos de propaganda electoral.
El nuevo panorama político ha desbordado las rígidas previsiones de la LOREG, hasta el punto de que la JEC ha tenido que dar instrucciones para que los medios también estén obligados a informar de las actividades electorales de los «grupos políticos significativos», que son aquellos que no se presentaron a las anteriores elecciones generales pero en otros comicios posteriores obtuvieron al menos el 5% de los votos. Es el caso de Ciudadanos -5,85% en las municipales de mayo pasado- y Podemos -7,98% en las europeas de mayo de 2014-.
Por ello las televisiones públicas informan de esos dos partidos y de sus líderes, pero las privadas van más allá en busca de la audiencia, saltándose la LOREG al excluir al resto de partidos con presencia en las Cortes Generales, ignorando no sólo el principio de proporcionalidad aritmética de esa ley sino cualquier noción de proporción, en el sentido de representatividad de las candidaturas. El último ejemplo ha sido el debate a cuatro organizado por Atresmedia, que fue emitido el lunes día 7 por Antena 3 y La Sexta. Y lo será el anunciado debate «a dos» para el lunes 14 por ese mismo grupo privado.
En ese debate participaron PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. En clara vulneración de la LOREG, las dos cadenas de Atresmedia no invitaron a los partidos de ámbito estatal Izquierda Unida-Unidad Popular y UPyD, ni tampoco a los partidos catalanes, vascos, gallegos y canarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados.
Ante los recursos que han presentado IU, UPyD, PNV y CC contra ese debate, la JEC se ha limitado a decir que las televisiones que los han emitido tienen que «compensarlos» organizando «otros debates bilaterales o plurilaterales equivalentes» con los políticos excluidos el lunes o proporcionando «información compensatoria suficiente».
Atresmedia ha demostrado desconocer la LOREG, porque ha alegado ante la JEC que solamente los medios públicos están obligados a informar de las actividades de todos los partidos con representación en el Parlamento y a contar con ellos en los debates y entrevistas electorales. La JEC ha tenido que recordar a esa empresa que esa ley también afecta a las cadenas privadas.
La JEC ha requerido a Atresmedia para que concrete qué debates va a organizar con los candidatos excluidos o en qué programas de información los va a «compensar». Pero, ¿quién va a vigilar el cumplimiento de esa mínima exigencia? Nadie, porque en España no existe un Consejo Estatal del Audiovisual que vele por que las radios y televisiones respeten la legislación que afecta al sector.
Los profesionales de las radios y televisiones -lo mismo que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones -vienen reclamando desde hace muchos años poder informar durante las campañas electorales con criterios profesionales y no en función del número de votos. Solamente así se respeta el derecho a la información que tiene la ciudadanía y por eso es urgente que sea modificada la LOREG. Son los electores los que darán más o menos representación a cada partido y no las radios y televisiones informando de ellos o ignorándolos según les interese.
Hasta ahora, el PP y el PSOE no han querido modificar esa norma por intereses exclusivamente partidistas. Pero también hay que lamentar que los llamados partidos emergentes, que dicen haber llegado para cambiar la vida política, acepten esas actuaciones privadas contrarias al pluralismo, la igualdad y la neutralidad que proclama la LOREG, sin siquiera haber comentado en el citado debate que echaban en falta allí a los representantes de otras fuerzas políticas con derecho a estar presentes.
Es de esperar que, en la próxima legislatura, promuevan la eliminación de esas previsiones de la citada ley y que no se permita que los medios privados pisoteen los principios citados
