El periodista Javier García Angosto firma la información del periódico “La Luz”, de Melilla, que señala que un juzgado de Melilla ha elevado al Supremo la información necesaria para que este Alto Tribunal entienda si debe imputar al alcalde de Melilla por las acusaciones de ilegalidad en la distribución a los medios de la publicidad oficial de esa ciudad autónoma.
El periodista señala que Imbroda tiene carácter de aforado y por los mismo, se requiere esa decisión del Supremo y agrega que “el juez instructor considera que han “eludido la legislación” de una “forma muy burda”. El magistrado pone como ejemplo de la supuesta ilegalidad el hecho de que los medios de la empresa editora de La Luz se queden fuera del reparto, destacando la “notoria y pública animadversión” de Imbroda hacia ellos”.
En el artículo, que se puede consultar al pie de esta información, se añade que la causa presupone “la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La investigación considera que hay más que suficientes indicios de delitos en la firma, por parte de Imbroda, de los convenios de publicidad entre la Ciudad y varios medios de comunicación. Debido al aforamiento del senador Imbroda, el juez de Melilla ha pedido la apertura de una pieza separada en el Supremo.
La Fiscalía de Melilla se opone. Mientras tanto, el resto de la instrucción continúa en la ciudad.”
Según se señala, el juez pide al Alto Tribunal “que investigue a Juan José Imbroda por la firma, durante años, de convenios de publicidad a dedo con varios medios de comunicación.
La investigación judicial, iniciada en 2013, considera que hay más que suficientes indicios de delito en la firma de los convenios de publicidad entre el Gobierno de Melilla y casi la totalidad de los medios de comunicación de la ciudad: los diarios Melilla Hoy, El Faro, El Telegrama de Melilla y Diario SUR; las emisoras de radio Onda Cero, Cope, Cadena SER, Cadena Dial y Cadena 40 Principales e incluso el diario online InfoMelilla y la agencia de noticias EFE
Durante más de una década, el Gobierno de Imbroda ha pagado más de 20 millones de euros a los medios de comunicación afines mediante la firma de estos convenios a dedo.
Más de diez años en los que solo los medios alineados con el poder recibían publicidad institucional mientras los críticos con la gestión y los casos de corrupción se quedaban fuera del pastel publicitario. La investigación judicial sospecha que el Gobierno presidido por Imbroda premiaba a los medios de comunicación dóciles y castigaba a los díscolos,”
Artículo completo en: http://www.luzdemelilla.es/revista/2015_La_Luz/Luz_120.pdf
