El director de El País, Antonio Caño, y la periodista Rosario García Gómez han sido citados a declarar el 10 de noviembre próximo ante el juez de instrucción número 29 de Madrid, con la condición de imputados, en una querella que presentó contra ellos la empresa Mediapro en la que se les acusa de los delitos de injurias, calumnias y uso de documento falso.
La periodista publicó una información, en diciembre de 2012, en la que se indicaba que el empresario Jaume Roures, uno de los propietarios del grupo Mediapro, tenía 250 millones de euros en 150 cuentas bancarias, un tercio de ellas en paraísos fiscales.
Rosario García cumplió con su obligación profesional de solicitar la versión de Roures antes de publicar la información, pero no recibió respuesta, según el digital Vozpópuli. Dos días más tarde de publicada, el empresario negó los hechos en rueda de prensa y acusó a Juan Luis Cebrián de haber inducido a difundir ese texto para perjudicarle, porque en aquel momento estaba pendiente de resolver por el Tribunal Supremo el pleito entre Mediapro y el Grupo Prisa -que finalmente ganó Mediapro- sobre los derechos para retransmitir los partidos de la liga de fútbol profesional.
Antonio Caño ha solicitado al juez que le excluya de la querella, porque la autora de la información es la redactora citada y no él. Este argumento ha sorprendido en medios periodísticos, porque el Código Penal establece en este tipo de delitos una «responsabilidad escalonada», de tal manera que responden el autor de la información, el director del periódico como responsable de todo lo que se publica y el editor. Lo habitual es querellarse contra todos ellos y finalmente el juez decide si condena a todos o no, en el caso de que existan motivos para hacerlo.
