El próximo 9 de octubre el Gobierno de Valencia cumplirá, de manera singular, con su compromiso electoral de reabrir el canal de televisión autonómico cerrado en 2013 por la administración del PP.
Sin embargo una reapertura al uso y como la demandan los trabajadores tiene un complejo encaje legal y no menos complejas dificultades finacieras ante la ausencia de un concreto plan de viabilidad.
Así es que para la próximo reapertura no se prevé una programación al uso, sino la emisión de contenidos enlatados y películas o series que la cadena tenía adquiridos previo a su cierre.
El Consell controlará de los contenidos mediante una comisión de expertos y las emisiones serán gestionadas por personal de la Generalitat, empleados públicos, para así evitar la contratación de personal alguno y a la espera de consensuar un modelo definitivo que podría estar hacia finales 2016.
Antes de ello, el PSPV, Compromís y Podemos, que tienen mayoría absoluta en las Cortes, tendrán que derogar la ley heredada del PP que prohíbe a la Generalitat prestar servicios de radiodifusión y televisión.
Ciudadanos ya ha anunciado que no apoyará el restablecimiento de las emisiones, que considera una “irresponsabilidad y una sucesión de la antigua televisión”, mientras que el PP ha advertido que acudirá a los tribunales.
La portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra ha explicado en rueda de prensa que la Generalitat tiene «dos canales que, a día de hoy, emiten rayas», y está pagando 370.000 euros mensuales en derechos de emisión, además de alquileres y «otras cosas extrañas. Lo más razonable es emitir».
«Se emitirá lo que estamos pagando, lo que es nuestro, el archivo, series antiguas, material de producción propia y emisiones que estamos pagando a día de hoy, películas o series, y en el otro canal lo mismo pero en infantil», ha añadido Oltra.
Por su parte, la Unió de Periodistes Valencians estima que hay que aprovechar la situación para “hacer las cosas bien de una vez por todas”, dando por finalizada la etapa anterior de la emisora e iniciando los trámites para la aparición de un nuevo canal autonómico blindado ante las injerencias políticas. La Unió ha encargado un documento de trabajo en el que se apuesta por montar una nueva empresa -la actual está en proceso de disolución- y “crear un medio de comunicación adaptado a las necesidades económicas y tecnológicas actuales”.
Además, propone la creación de un Consell de la Comunicació que, entre otras funciones, debería elegir a los dirigentes del ente y propone que esté formado por siete personas; cuatro elegidas por Les Corts ( ningún partido podría escoger más de tres) y el resto a propuesta de las universidades y los colectivos profesionales.
