Un tribunal de Angola ha condenado, la semana pasada, a seis meses de prisión al periodista Rafael Marques de Morais, por cargos de difamación. La sentencia, dejada en suspenso, supone un serio revés para este caso después de que se hubieran retirado todos los cargos impuestos al periodista hace una semana.
Además, el juez ha ordenado a Maques la retirada de su libro “Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola” de Internet y le ha prohibido también publicarlo o traducirlo a cualquier otra lengua, so pena de prisión. La sentencia añade que tendrá que cumplir seis meses de cárcel si comete cualquier ofensa en el periodo de dos años.
Sus abogados han afirmado su intención de recurrir esta decisión, que se basa, según la fiscalía, en las propias declaraciones de Marques en el juicio. Marques decía que su libro no tenía le intención de cuestionar directamente a los generales y compañías implicadas, y que habría puesto su versión si se la hubiesen dado. Unas afirmaciones que la fiscalía ha sacado de contexto para reclamar que el periodista admitía su culpabilidad y pedir una condena a un mes de prisión. El tribunal, no obstante, ha optado por imponerle seis.
En una carta conjunta, unas cincuenta organizaciones -entre ellas Amnistía Internacional, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y el Comité para la Defensa de los Periodistas- han pedido al presidente de Angola que retire los nuevos cargos contra el periodista.
“Resulta absolutamente inquietante que se produzca una sentencia como esta justo después de que la justicia haya acordado retirar todos los cargos contra Rafael Marques”, afirma Cléa Kahn-Sriber, responsable de la oficina de África de Reporteros Sin Fronteras, “la forma de las autoridades de confundir sus declaraciones le condenan al silencio permanente, y de una forma más general, a los demás periodistas del país. Pedimos a los tribunales que revoquen esta decisión que viola el principio a un juicio justo”.
El libro de Marques fue editado en Portugal en 2011 y documenta al menos cien asesinatos y 500 casos de torturas, además de desplazamientos forzados e intimidación por parte de las Fuerzas Armadas angoleñas a los habitantes de zonas cercanas a las minas de diamantes del norte del país.
El comercio ilegal de diamantes alimentó la guerra civil que sacudió el país durante 27 años hasta su conclusión en 2002.
