Organizaciones y plataformas de la sociedad civil presentaron el pasado 7 de mayo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, un documento con las preocupaciones que suscitan la aprobación y próxima entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En el documento se cuestiona la constitucionalidad de algunos artículos como los relativos a los registros corporales externos, a la libertad de información y de expresión y a los rechazos en frontera.
Por ese motivo, se ha instado a la Defensora del Pueblo a interponer el correspondiente Recurso de Inconstitucionalidad frente a parte del articulado de la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, de conformidad con lo estipulado en la propia Constitución Española, que, en su artículo 162.1 a), señala a la Defensora del Pueblo como legitimada para hacerlo.
Las organizaciones y plataformas de la sociedad civil plantean esta propuesta como una vía democrática y pacífica de mostrar su disconformidad en lo que consideran un retroceso en el reconocimiento y acceso a los Derechos amparados tanto por la Carta Magna como por diversas normas internacionales de Derechos Humanos suscritas por España y que forman ya parte de la propia legislación.
Entre los firmantes de esta demanda se hallan Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes o la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía.
Cabe destacar, también, el apoyo brindado a esta iniciativa por Amnistía Internacional, la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y la Plataforma No Somos Delito, de la que forma parte la FeSP.
