Han transcurrido tres años desde que el Parlamento gallego, aprobó la articulación de una nueva ley de medios públicos de Galicia que obligaba a la Xunta su ejecución. Sin embargo e sorpresivamente, el jueves pasado el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo respondió a la interpelación de AGE anunciando su secuestro, sin ofrecer mayores explicaciones.
La nueva ley para regular los medios públicos gallegos debía garantizar los “pluralismo, veracidad y accesibilidad” en la información ofrecida por la Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG) e “impedir la contratación a terceros” de la realización y edición de los informativos.
Sin embargo, y contradiciendo la decisión del parlamente la Xunta mantiene un consejo de administración encabezado por un director general designado a dedo por el Ejecutivo y no por el Parlamento, como exige la nueva ley, y paga cerca de 800.000 euros anuales a once consejeros que siguen en sus cargos desde la legislatura pasada, sin renovarlos anualmente según la representación de la Cámara, como es obligado.
“Es un escándalo”, sostiene el comité interempresas de CRTVG, alarmado por el desglose de las retribuciones a los consejeros que dio Alfonso Sánchez Izquierdo. Los datos han sorprendido a los trabajadores del ente público en plena negociación de su convenio colectivo y cuando se les exige hacer nuevos sacrificios salariales.
