La Red de Medios Comunitarios (ReMC) ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo contra el real decreto del Gobierno en el que se replanifica la Televisión Digital Terrestre (TDT) con motivo del reparto del dividendo digital. El Gobierno ha excluido a las televisiones comunitarias a pesar de que está obligado por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 a planificar frecuencias para televisión sin ánimo de lucro y de gestión ciudadana en todas las demarcaciones del estado.
“Es sorprendente y de una torpeza enorme que el Gobierno haya excluido a los servicios de comunicación comunitaria de televisión en el Real Decreto 805/2014”, subraya la coordinadora general de la ReMC, María Navarro. “Hemos acordado en una asamblea extraordinaria tomar todas las medidas necesarias para corregir este ninguneo ilegal del ejecutivo, así como establecer las alianzas que sean necesarias”.
El recurso contencioso administrativo se presentará antes de finalizar este mes y para ello se contará con uno de los bufetes más prestigiosos del país en materia audiovisual. Además, se iniciará una campaña de crowdfunding para financiar los costes de esta medida y las que se van a tomar en el futuro.
Existen precedentes muy favorables a este recurso contencioso administrativo. En 2013, la Red de Medios Comunitarios consiguió la anulación del concurso de asignación de frecuencias de radio en la Ciudad Autónoma de Mellilla porque este ejecutivo no incluyó a los medios comunitarios, algo obligatorio desde 2010.
“La discriminación contra los medios comunitarios tiene que acabar inmediatamente. Hay 3 televisiones asociadas de la ReMC afectadas directamente por esta medida. Pero vamos a recurrir y ganar esto porque se está actuando contra los derechos de la ciudadanía a recibir y difundir informaciones a través de sus propios medios, algo que está recogido en el artículo 4 de la Ley Audiovisual. Y tenemos que hacerlo por todas las televisiones comunitarias que están por venir en los próximos años”, subrayó Navarro.
La ReMC pone como referente las 95 propuestas presentadas por 40 colectivos agrupados en el Foro Andaluz de Educación Comunicación y Ciudadanía para la elaboración de la Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía. Entre ellas, se concreta un marco legal digno para los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el desarrollo del derecho constitucional de la ciudadanía para hacer sus propios programas en las radios y televisiones públicas (derecho de acceso), la participación ciudadana en los órganos supervisores del sector audiovisual y la formación en comunicación en todos los niveles educativos (desde secundaria a la formación de adultos y la formación profesional para el empleo), entre otros aspectos.
