«Voy a dejar la embajada pronto, pero quizá no por las razones que ofrecen los medios de Murdoch», dijo Julian Assange sin hacer más comentarios, durante la rueda de prensa que ofreció ayer junto con el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en la embajada de ese país en Londres donde se haya refugiado desde hace dos años.
Admitió que haber estado bajo retención en Londres durante más de cuatro años «sin cargos», y que los dos en la embajada ecuatoriana sin salir al exterior, han afectado su salud.
El ministro Patiño aseguró que «ha llegado la hora de liberar a Julian Assange» y de que se respeten sus derechos humanos, mientras el activista australiano, de 43 años, insistió en que «nunca se han presentado cargos en mi contra, ni en Suecia ni en el Reino Unido».
Su situación podría cambiar, ya que el Parlamento británico ha modificado la ley que posibilita su extradición a Suecia y que, ahora, exige que para ello deba existir un procedimiento penal y que ya no basta con simples acusaciones.
Abogados suecos han presentado demandas contra la orden de arresto que pesa sobre Assange, porque entienden que el gobierno sueco vulnera sus derechos al proseguir con las investigaciones sin tomarle declaración.
Días atrás, al reiterar la protección de Ecuador a Assange, el ministro ecuatoriano reprochó el olvido que del caso hacen los medios que más se han beneficiado de la información que les aportara WikiLeaks, entre ellos el diario español “El País”.
Por su parte el presidente ecuatoriano Rafael Correa, en su cuenta de Twitter recordaba “Dos años de Assange en embajada ecuatoriana en Londres. Dónde está la prensa “libre e independiente”? ¿Qué pasaría si esto se diera en Ecuador?”.
Cincuenta y nueve organizaciones jurídicas y no gubernamentales han presentado ya reclamaciones ante las Naciones Unidas, denunciando cómo el poder casi ilimitado de la fiscalía sueca atenta contra varios convenios internacionales de derechos humanos. En Estados Unidos cincuenta y una organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han exigido al Ministerio de Justicia la interrupción de las investigaciones penales contra Assange.
