Ante las declaraciones del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, las organizaciones Amnistía Internacional e Intermón Oxfam aseguran que en la actualidad no existe un problema de seguridad ciudadana que justifique la necesidad de incorporar legislación que intente parar la protesta o restringir de alguna manera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Así lo han manifestado tanto con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana como con el Código Penal.
Las organizaciones, que han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior para mostrar sus preocupaciones sobre la Ley, consideran positivo que durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz haya declarado que el proyecto hoy aprobado incluye de manera expresa el principio de no discriminación y el principio de proporcionalidad en las identificaciones por parte de la policía, o la obligación de entregar un boletín de información a las personas que vayan a estar retenidas más de seis horas con los motivos de la misma.
Las organizaciones ven también positivas las afirmaciones del Ministro en las que asegura que la disolución de la reunión será la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas. Asimismo, el hecho de que finalmente no se haya producido un incremente de la cuantía de las multas como se había anunciado anteriormente también es una buena noticia.
Sin embargo, las entidades muestran su preocupación por el hecho de que el Ministro no haya mencionado o no haya incluído aspectos que son fundamentales como la introducción de mecanismos de control de la actividad policial y de rendición de cuentas. Tampoco se ha hecho mención al uso no autorizado de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o a cómo queda el aspecto de las infraestructuras críticas o la infracción de escalamiento.
Las organizaciones recuerdan además que siguen teniendo preocupaciones en relación a la tipificación de los desórdenes públicos contenida en el Código Penal que sigue discutiéndose en el Congreso.
