La reforma del mercado laboral, que inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después continuó con mucha más dureza el de Mariano Rajoy, ha provocado en los últimos años numerosas movilizaciones de los trabajadores, entre ellas dos huelgas generales. En los últimos meses, varios sindicalistas que participaron en esas protestas han sido juzgados y más de dos centenares están pendientes de sentarse en el banquillo, con peticiones de pena de los fiscales de varios años de cárcel para cada uno.
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado en los últimos dias concentraciones ante los juzgados, para protestar por esas acusaciones de los fiscales que, según sus datos, solicitan para 265 sidicalistas penas que suman en total 120 años de cárcel. Esta ofensiva judicial contra los trabajadores que se movilizan contrasta con la tolerancia hacia empresarios que vulneran sistemáticamente los derechos de sus asalariados y, por ejemplo, despiden a aquellos que deciden promover elecciones sindicales y presentarse como candidatos.
La Federación de Sindicatos de Periodistas siempre ha defendido y defenderá la huelga como un derecho de los trabajadores, en los términos que prevé la ley. El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha afirmado: «Limitar ese derecho supone un comportamiento antidemocrático y un recorte de las libertades ciudadanas. La policía tendrá que impedir que en las movilizaciones se cometan delitos, y detendrá a quienes lo hagan», ha añadido, «pero no es de recibo que los fiscales pidan más de tres años de cárcel para algunos trabajadores porque, cuando formaban parte de piquetes informativos, fueron detenidos en medio de una discusión y acusados de un delito de atentado contra los agentes».
La FeSP muestra su apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras imputados en esos procesos judiciales y reclama al Gobierno que cese en su política de criminalizar las protestas ciudadanas.
CCOO y UGT han anunciado que van a pedir al Gobierno el indulto de los trabajadores encausados, porque «la huelga es un derecho constitucional y no un delito», según han afirmado sus máximos dirigentes.
