La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se congratula de que el Parlamento de Cataluña haya acordado, a instancias de ICV-EUiA, iniciar el desarrollo del artículo 52 del Estatuto de Autonomía catalán, que obliga a la Generalitat y todos los poderes públicos a garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
Ese artículo también les obliga a garantizar que los ciudadanos van a recibir «una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso».
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, insta al Gobierno de la Generalitat a cumplir este mandato del ‘Parlament’, que ha aprobado «iniciar el diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector periodístico y audiovisual» para elaborar una Ley del Derecho a la Información que desarrolle el artículo citado. Al mismo tiempo lamenta que en debate parlamentario se haya rechazado la propuesta de la CUP-AE de reconocer el derecho de los medios comunitarios a participar en igualdad de condiciones en el reparto de licencias.
Hay que recordar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el de Rajoy, a pesar de las reiteradas solicitudes que han planteado la FeSP y otras organizaciones sindicales y profesionales del mundo de la comunicación, no han mostrado la mínima voluntad de regular por ley este derecho fundamental y los deberes y derechos de los periodistas, lo que convierte a España en un caso casi único en la Unión Europea y en otras zonas del mundo.
Esta federación anima a los gobiernos y parlamentos autonómicos de otras comunidades a que promuevan leyes sobre esta materia, para garantizar ese derecho constitucional.
La FeSP denuncia, asimismo, la inseguridad que están viviendo las emisoras municipales de radio y de televisión, como consecuencia del proyecto de ley para la Reforma de la Administración Local. Con la excusa de esta norma legal, algunos alcaldes han cerrado esas emisoras o han despedido a los trabajadores, para disolver la sociedad municipal que las gestionaba, a pesar de que la Ley General de la Comunicación Audiovisual permite mantenerlas y aunque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse aún al respecto.
Esta Junta Ejecutiva también denuncia el debilitamiento al que los gobiernos del PP en distintas comunidades están sometiendo a las emisoras de radio y televisión autonómicas, con medidas presupuestarias y fiscales arbitrarias e injustas.
La FeSP hace suyo y asume el rechazo que ha expresado la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, contra la decisión de un tribunal de Egipto de condenar a penas de entre siete y 10 años de cárcel a un grupo de periodistas de las cadena Al Yazira, tanto egipcios como de otros países, acusados de difundir noticias falsas para favorecer a los Hermanos Musulmanes, que gobernaron en ese país hasta el golpe de estado de 2013.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
