La periodista Silvia Padrón, especialista en temas de medios, revela en el digital Cuartopoder un nuevo desaguisado en la gestión laboral del Grupo Prisa; según consigna Padrón, “El despacho de abogados que asesora al Grupo Prisa emitió un dictamen, en septiembre de 2012, en el que expresaba que los acuerdos alcanzados entre la empresa y los sindicatos de 14 de junio de 2011 -en un proceso de mediación para evitar la huelga- no tenían viabilidad jurídica. El principal pacto que contemplaba ese acuerdo era la indemnización de 45 días por año con el tope de 42 mensualidades para el caso de producirse despidos durante su vigencia y esa indemnización es la que ha reconocido el Tribunal Supremo en el despido de Prisa Corporativa y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el diario El País.
Asimismo, la periodista señala que “A pesar de que el propio despacho había participado en la redacción del acuerdo, expresa en su informe que la designación de la parte empresarial genéricamente como “Grupo Prisa” es de difícil legitimación y reconocimiento legal. Tampoco creen que el ámbito temporal esté definido, a pesar de que los firmantes crearon una comisión que preveía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, como así recoge igualmente el Alto Tribunal.”
La empresa pretende enmendar su errónea actuación ante la Audiencia Nacional, porque esto le está saliendo muy caro; sin embargo, informa Padrón, “para el comité de empresa de El País, el procedimiento interpuesto es inadecuado, no hay conflicto entre empresa y trabajadores, y sólo se pretende que la Audiencia Nacional se convierta en una nueva instancia judicial, a pesar de que el acuerdo de conciliación, que puso fin al ERE en el diario, no cuestionó la validez de los acuerdos de junio de 2011, mientras que los trabajadores sufrieron un importante recorte salarial.”
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