El informe de Aministía Internacional titulado “España: el derecho a protestar, amenazado”, se ha hecho público hasta este mediodía; se trata de un extenso estudio escrito por la investigadora española Virginia Álvarez y en el que la organización ha estado trabajando durante un año para plasmar lo ocurrido en nuestro país en las muchas manifestaciones que han tenido lugar entre la convocatoria del Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 hasta las recientes Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo.
La organización defensora de los Derechos Humanos entiende que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española y los planes para reforzar una legislación represiva son una clara señal de la determinación del Gobierno español de sofocar las protestas pacíficas.
Así lo manifiesta su informe que, entre otras cosas expone:
“La policía ha utilizado repetidamente porras y proyectiles de goma contra manifestantes, en actuaciones que se han saldado con heridas y mutilaciones tanto de manifestantes como de transeúntes. La policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”.
“El Gobierno español está utilizando toda la fuerza de la ley para asfixiar la protesta pacífica legítima”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central.
La policía utiliza habitualmente fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas, y ha habido casos de palizas, detenciones, procesamientos y multas contra manifestantes.
La asociación ha constatado que la policía ha hecho uso de fuerza excesiva impunemente y ha documentado la utilización de porras y proyectiles de goma de tal manera que ha causado lesiones injustificadas y aporta pruebas de hechos registrados en Barcelona y Madrid.
En lo referente al tratamiento a los medios, el informe consigna que “También ha habido periodistas y fotógrafos que cubrían las manifestaciones y que han denunciado haber sido víctimas de violencia policial. La policía les ha dañado las cámaras y el equipo para impedirles documentar dicha violencia.”
Con respecto a las “leyes represivas” previstas del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, Amnesti recuerda que “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que la libertad de participar en una reunión pacífica es de una importancia tal que los participantes no deben ser sancionados a menos que cometan un delito.”
“Las autoridades españolas están avanzando en la dirección errónea. Al restringir aún más el derecho a la libertad de expresión y reunión, sólo conseguirán ampliar la brecha entre quienes ocupan el poder y la población española. El descontento público no se puede acallar mediante la represión”, ha manifestado Jezerca Tigani.
El informe en:
