El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha declarado a la agencia Servimedia que la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la que declaró improcedente el Expediente de Regulacipn de Empleo (ERE) aplicado en la Radio Televisión de Madrid (RTVM) «no es buena para los trabajadores, porque mantiene los 861 despidos aunque incremente las indemnizaciones, y tampoco es buena para la ciudadanía, porque con la plantilla que se quedó en Telemadrid no es posible una radiotelevisión pública de calidad y a un coste razonable, como merecen los madrileños».
La Sala de lo Social del Supremo ha confirmado por mayoría la sentencia que dictó en enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha fallado que el ERE fu «no ajustado a derecho», lo que se traduce en que la empresa tendrá que incrementar las indemnizaciones de los 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades que pagó a 45 días por año hasta que entró en vigor la reforma del mercado laboral y 33 días por año a partir de esa fecha. Aunque esta decisión supone que la empresa deberá pagar unos 40 millones de euros más en indemnizaciones, Yanel ha subrayado que «los trabajadores despedidos percibirán más indemnización, pero continuarán en el paro».
«Hay que lamentar la actitud irresponsable del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de algunos consejeros de su Gobierno, que llevan tiempo amenazando con el cierre de RTVM en el caso de que el Supremo declarase nulo el ERE. Eso sí es una manera de intentar presionar a los magistrados y no, como han dicho, que los trabajadores despedidos se hayan concentrado ante la sede del tribunal», señaló Yanel.
En opinión del secretario general de la FeSP, «lo que debería hacer ahora el Gobierno madrileño, si todavía le queda algo del sentido de servicio a la ciudadanía que debe tener cualquier político, es sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores y buscar la mejor fórmula para reducir el importante número de despidos que llevó a cabo, indemnizar en las condiciones que ha sentenciado el Supremo a quienes no quieran reingresar a su puesto y convertir la radio y la televisión autonómicas madrileñas en el servicio público que necesita la ciudadanía».
