“EL derecho que asiste a cualquier ciudadano asiste también a cualquier periodista para grabar y tomar imágenes” son palabras del secretario de acción sindical del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Francisco Terrón, que confirmó a la prensa el interés del SPA por el caso de Álvaro Luna.
Este fotógrafo y docente de la fotografía ha sido denunciado por la Subdelegación del Gobierno en Málaga por tomar imágenes en una “reunión no autorizada” y considerarlo “promotor” de la misma al registrar imágenes de la misma.
Según se puede comprobar, en las imágenes registradas por Álvaro Luna no se aprecia el rostro de ningún agente policial; sin embargo, el mismo día de la concentración, varios policías comenzaron a identificar a los participantes en la asamblea y al mismo fotógrafo, y las acusaciones se basan, según el mismo subinspector del procedimiento, en “realizar un reportaje fotográfico”.
Lo que llega al disparate cuando la Subdelegación justifica la actuación policial y la propuesta de sanción en el hecho de que Luna no se identificó en ningún momento como profesional de la imagen y manifestó que las imágenes las realizaba por interés particular y sociológico. Por lo tanto, en un análisis descabellado, la Subdelegación del Gobierno en Málaga considera que no tenía justificación para hacer esas fotografías y de ahí la incoación del procedimiento.
PacoTerrón señala que con esta pena la Subdelegación del Gobierno vulnera dos derechos de la Constitución Española recogidos en los artículos 20 y 21. El primero, en su apartado 1, afirma que se recogen los derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. El artículo 21, por su parte, reconoce el derecho a reunión pacífica y explica que el ejercicio de ese derecho no requiere “autorización previa”.
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