Como en otras oportunidades, este Gobierno parece que se niega a asumir sus responsabilidades y disfraza su incapacidad con supuestas posturas de gran flexibilidad y liberalidad.
Esa presunción parece hacerse cierta con las declaraciones del pasado jueves en Ávila de la secretaria de Estado de Comunicación. La señora Carmen Martínez de Castro, ha señalado en esa oportunidad que es muy importancia que el proyecto de reforma de la LPI implante la denominada ‘tasa Google’, para que los agregadores de noticias como Google o Menéame paguen a los editores de periódicos por esos servicios.
La secretaria aportó que ese “es un problema mundial, cómo defender un derecho de propiedad intelectual en el mundo digital”, y manifestó su satisfacción porque la futura norma “reconoce” que los editores de prensa “tienen derecho a una compensación” por el uso de sus contenidos.
Lo más preocupante es que aseguró que se trata de una “magnífica ocasión para que todos los implicados alcancen un acuerdo de plasmar el derecho de compensación”, y recomendó que las partes implicadas “lleguen a un acuerdo” para fijar el modelo o la forma del resto de autores implicados.
Da a entender la señora Martínez de Castro que periodistas, agregadores de noticias y sociedades de gestión de propiedad intelectual -que vienen obligadas en el proyecto al ser una compensación- deben solucionarlo entre ellos porque “ellos son los que saben”.
“Evidentemente hay intereses encontrados, pero con buena voluntad y ganas de llegar a un entendimiento se puede hacer, porque la técnica cada vez, a través de registro de tráfico y de entradas, lo permite”, ha explicado la secretaria de Comunicación, “Tienen la ocasión de que España sea un referente de una solución sobre un debate abierto a todo el mundo”.
Es decir, que el Gobierno en lugar de aportar una solución, abre la puerta de par en par a una negociación que puede ser eterna, que perjudicará a las partes más débiles y que terminará por llevar la decisión a los juzgados.
Donde los jueces se encontrarán, una vez más, que deberán decidir qué quiere decir una ley confusa, que ni siquiera define con precisión a los sujetos de su aplicación.
Es de esperar que en su tratamiento parlamentario se aporten enmiendas inteligentes a este despropósito.
