La mayor parte de las televisiones autonómicas y locales de titularidad pública han sido utilizadas habitualmente por los gobiernos correspondientes como instrumento de propaganda política partidista, sin dejar que sus profesionales pudieran desempeñar su trabajo con criterios estrictamente periodísticos. Eso mismo ha ocurrido con TVE, excepto en algún periodo muy concreto.
Esos comportamientos antidemocráticos, unidos a la crisis económica, la notable bajada de la publicidad y la mala gestión por parte de algunos cargos nombrados a dedo por intereses políticos, han llevado a varias cadenas de radiotelevisión a una grave situación económica que han pagado y están pagando sus trabajadores.
Los expedientes de regulación de empleo (ERE) aplicados en Telemadrid, Canal Nou, IB3, TV Canaria, TVE3 y Catalunya Radio, y, en general, las medidas adoptadas en la mayor parte de las cadenas, constituyen un gravísimo daño al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural.
Las radiotelevisiones autonómicas y locales de titularidad pública son necesarias en democracia, porque ofrecen a la ciudadanía una información más próxima a su territorio y a su cultura, cohesionan a la sociedad y, en el caso de las autonomías con una lengua propia cooficial, son un vehículo para la defensa y el uso de esa lengua en igualdad de condiciones con el idioma español.
Por todo ello, el III Congreso de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) acuerda:
* Expresar su apoyo y defensa a unas radiotelevisiones autonómicas y locales de titularidad pública, que deben estar bien gestionadas.
* Mostrar su rotundo rechazo a los despidos masivos llevados a cabo en varias cadenas de radiotelevisión autonómicas públicas, que han desmantelado las redacciones y obligan a externalizar servicios, y exigir a los gobiernos correspondientes que reconduzcan la situación.
* Exigir a los gobiernos autonómicos y municipales que no las utilicen como aparato de propaganda partidista y que dejen que sus directivos y trabajadores desempeñen las tareas informativas con criterios estrictamente profesionales y guiados por el interés de la ciudadanía.
* Rechazar la pretensión anunciada por los gobiernos del Partido Popular de privatizar las radiotelevisiones autonómicas públicas, con el pobre argumento de que no son rentables económicamente.
* Rechazar la demagógica campaña que existe contra las televisiones públicas, favorecida por esos mismos gobiernos y apoyada por algunos medios de comunicación.
