El diario francés Libération, se queda sin su cabeza más visible después de que su director, Nicolas Demorand, director de Libération desde 2011, ha anunciado su dimisión ayer argumentando que “no acepta los planes de los propietarios del medio para ‘salvar’ al periódico”.
«Mi decisión está en primer lugar dictada por la situación de estos últimos días.
Libération atraviesa una crisis abierta, yo cristalizo parte de los debates, y estimo que es mi responsabilidad de jefe volver a dar márgenes de maniobra y de negociación a las diferentes partes», ha señalado.
Por su parte los redactores, que llevan una semana movilizados contra el plan de los accionistas de convertir al diario en “una red social”, y exigían la salida de Demorand su dimisión “es la consecuencia de su falta de implicación en el día a día y en la elaboración de un proyecto editorial”.
La relación entre los trabajadores del rotativo y Demorand se habían deteriorado hasta el punto que el pasado 7 de febrero, jornada de huelga en ‘Libération’, la redacción rechazó publicar un artículo suyo que estaba previsto para el día siguiente.
Tras esa huelga la redacción ha desestimado esa medida de fuerza para pasar a la ocupación del medio e informar a sus lectores de manera directa de los días que vive el medio tras la decisión de sus propietarios, los magnates Edouard de Rothschild y Bruno Le-doux, de transformar al diario en “una red social paga distribuida entre varios soportes multimedia” y hacer de su sede, “reciclada por el arquitecto top Philippe Starck”, un “espacio cultural de conferencias que comprenderá un estudio de radio, otro de tevé, un newsroom digital, un restaurante, un bar, una incubadora de start-up”. Plan que rechazan los trabajadores.
Según publica hoy el digital Mediapart, la sede del diario en la calle Béranger del centro de París, que en teoría pertenece a Bruno Ledoux, tiene desde 2001 varios dueños ocultos tras una cascada de empresas situadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá y las Islas Vírgenes británicas.
Mediapart revela que Hacienda ha descubierto ese montaje off-shore y reclama más de 40 millones de euros a Ledoux, accionista minoritario del inmueble, y sus socios en un procedimiento judicial en curso.
