Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual que impulsa el Ministro Wert y sustenta el partido del Gobierno están afrontando el inicio de su trámite parlamentario con el rechazo de todos los sectores implicados.
Este ha sido manifestado por las industrias tecnológicas, las operadoras de telefonía, las industrias culturales, todas las organizaciones profesionales y sindicales de periodistas y, por último, el Consejo de Estado.
Este ha expuesto claramente que la propuesta del ministro Wert “Desconoce o trata de soslayar la realidad social sobre la que se proyecta aplicar y presenta muy serias dudas sobre su capacidad para lograr la adecuada retribución del perjuicio causado a los titulares de los derechos”.
Otro los pilares de esta reforma chapuza es la referente a la compensación por copia privada, una sentencia de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo ha señalado que debe ser pagada por los fabricantes e importadores de equipos y soluciones. Por lo cual el sistema de compensación que se mantiene en el anteproyecto contradice la normativa europea.
Una segunda sentencia del mismo tribunal europeo ha dictaminado que enlazar a contenidos puestos a disposición en Internet sin autorización de los titulares de derechos es una conducta ilícita. Las entidades de gestión afectadas aseguran que la claridad con la que se ha pronunciado el Tribunal afecta al procedimiento de retirada de esas páginas, acción que le corresponde a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual y que en estos momentos tarda una media de 400 días en valorar un expediente.
“El procedimiento debería modificarse para que el bloqueo del acceso a dichas páginas de enlaces se produzca de forma automática a la solicitud de los titulares afectados”, han explicado las sociedades de gestión de derechos.
Ya el Consejo de Estado advertía que la reforma tendrá “dificultades para convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la piratería en el entorno digital”.
