Todas las intervenciones públicas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde su toma de posesión están recogidas en las 134 páginas del dossier titulado «Dos años de Gobierno. Preparados para avanzar» que a principios de mes ha difundido el Ejecutivo español entre los medios de comunicación y periodistas habituales de las tertulias televisivas y radiofónicas.
Sin duda, ese compendio de las opiniones por el presidente en estos dos años de su mandato aspira a ser un manual de sus pensamientos para la prensa y, quizá, superar la sostenida falta de sintonía entre el jefe del Gobierno y los periodistas, a los que no deja de menospreciar con sus silencios. De la misma manera, de forma cíclica les sorprende con decisiones unilaterales e inconsultas que han venido alterando usos fijados por los propios periodistas en La Moncloa y que han concluido con la elección a dedo de Rajoy de los informadores habilitados para interrogarle; así, de esta manera, puede digitarlos.
Sin embargo, sí hay inquietud en el Gobierno por lo que los medios informan u opinan sobre el presidente y sus colaboradores más próximos. Por lo menos, así lo demuestra que el Ministerio de la Presidencia haya formulado la contratación de un servicio –valorado en más de 250.000 euros– de seguimiento pormenorizado de las noticias difundidas en prensa, radio y televisión –tertulias incluídas– que aludan a la gestión del Ejecutivo, la acción de los altos cargos y al propio presidente, Mariano Rajoy, y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría.
Según consta en los pliegos de la licitación, la empresa que se lleve el contrato cobrará hasta 79.050 euros este año y 73.950 el próximo; en ambos casos con impuestos y, previendo la prórroga que se contempla, el valor total de la licitación es de 252.892,56 euros.
Se exige que el trabajo a realizar se haga con exhaustividad, inmediatez, selección y compatibilidad tecnológica, entre otros requisitos, y se deja claro que «la obtención de información y envío a la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) será, frente a terceros, de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria» y se previene contra «litigios que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y los medios de comunicación de los que se obtiene y reproduce la información.»
