La resolución aprobada el pasado 26 de noviembre por la Tercera Comisión de la 68ª Asamblea General, respecto a cuestiones de derechos humanos insta a los organismos de Naciones Unidas a impulsar con los estados miembros un ambiente de trabajo libre y seguro para los periodistas.
La resolución compromete al Secretario General de la ONU a presentar un informe sobre la aplicación de la resolución ante la próxima Asamblea General de 2014.
Aunque inspirado por el riesgo de los informadores en las zonas de especial riesgo, el acuerdo no se limita a esos espacios y pide la “condena de todos los ataques reconocidos y la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la detención arbitraria, así como la intimidación y el acoso en situaciones de conflicto y de no-conflicto”.
Habrá que ver como encajan estas últimas recomendaciones con la proyectada Ley de Seguridad del Gobierno español y el tratamiento de los informadores por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y concentraciones de los colectivos ciudadanos.
Asimismo, reconoce que «el periodismo está constantemente evolucionando para incluir aportaciones de instituciones mediáticas, particulares y de diversas organizaciones que conocen, reciben e imparten informaciones e ideas de toda clase, en línea así como fuera de línea, en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.
La resolución “insta a los Estados miembros a hacer todo lo posible para evitar la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios, para asegurar la rendición de cuentas a través de la realización de investigaciones imparciales, rápidas y efectivas sobre todas las denuncias de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios que son de su competencia, y para llevar a la justicia a los autores de esos delitos y asegurar a las víctimas el acceso a los recursos apropiados”.
«Los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias imponen obligaciones a los gobiernos que deben proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos, así como proveer justicia y medios frente a la violación de esos derechos», ha dicho Beth Costa, secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
