Este pasado miércoles el ministro de Hacienda del Gobierno español, Cristóbal Montoro, ha tenido una serie de intervenciones ante la prensa que han puesto de manifiesto su particular interpretación de la labor y los derechos informativos de los periodistas.
Estas afirmaciones las ha hecho en relación con las revelaciones hechas por diversos medios con respecto a los ceses y dimisiones en la Agencia Tributaria, que esos medios vinculaban a la inspección abierta a la empresa mexicana Cemex.
Al margen de presumir que esas informaciones podían tener la intención de presionar a su ministerio porque esos medios tendrían deudas con Hacienda, el ministro se mostró molesto por que hubieran publicado informaciones que el sostiene que son falsas y que, aportaba como argumento, habían sido desmentidas por su departamento. Lo que para él significaba una falsa de “responsabilidad”.
«Lo que hace daño es que una determinada información periodística falsee y diga que a una multinacional se le haya rebajado la sanción. Yo digo que no es verdad», aseguró Montoro y subrayó que a pesar del desmentido de su Ministerio el medio al que se refería -sin nombrarlo- «siguió adelante porque dijo ‘son mis fuentes’. Que explique cuáles son».
En dos líneas el ministro se ha equivocado dos veces.
Aunque no es informador, por su alto cargo se le puede suponer informado y que debería saber que ningún medio ni informador tiene porque tomar como verdad de fe un desmentido suyo.
Les basta para demostrar la veracidad de su información y su buen hacer profesional con publicar ese desmentido junto a la información que ha recabado de fuentes propias; cumple así con la pluralidad de versiones sobre el tema.
Por otro lado, Cristóbal Montoro también debería saber que ningún informador tiene porqué “explicarle” cuales son sus fuentes; antes bien, tiene la obligación de protegerlas. Una obligación de la que solo puede librarlo un mandato judicial y cuya vulneración está penada en los países que cuentan con un profesión periodística regulada.
