El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha mostrado el pasado martes sus dudas sobre el borrador de la ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno español.
Muiznieks considera que es borrador es «altamente problemática» y plantea la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y, por otro, la de «si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática» para mantener el orden público «sin interferir demasiado en la libertad de reunión». «Si va mas lejos trataré el tema con las autoridades españolas», añadió.
Muiznieks hizo estas declaraciones en Bruselas tras presentar un informe del Consejo sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos.
El documento pone de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por Unión Europea (UE) y a la troika (BCE, CE y FMI) y emprendidas por los Estados han afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento
igualitario.
Asimismo, señaló que los estados también son responsables de esas condiciones: «La troika -Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea (CE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- no dice ‘recorten en servicios’ dice ‘arreglen su agujero fiscal’ (…) y muchas veces los gobiernos recortan gastos antes de pensar en otras formas de hacerlo», señaló. «Los gobiernos y la UE tienen obligaciones para con los derechos humanos y hay formas de bregar con la crisis y la austeridad que plantean menos problemas», añadió.
