El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó ayer, en una edición especial que vio la luz por la tarde, el texto de la ley de disolución y liquidación de RTVV. La decisión podría parecer intrascendente pero no lo es. Entre otras razones porque la entrada en vigor de la norma se produce, tal y como señala la propia norma, el día después de su publicación en el DOCV.
Es decir, la ley que aprueba la disolución de Canal 9 está en vigor desde hoy mismo. Y la primera consecuencia es que el cierre de la señal de la televisión y la radio autonómicas podría producirse hoy mismo. Al menos en teoría. Derogar la ley del estatuto de RTVV, aprobada en verano de 2012, ha sido el mecanismo elegido por el Gobierno valenciano para proceder al cierre de la sociedad -provocado por la decisión del TSJ valenciano de obligar a readmitir al millar de empleados despedidos por el ERE-.
Aprobada la derogación y publicada en el DOCV la ley, el único paso pendiente es precisamente el del corte de la señal, el momento con mayor carga simbólica de este proceso iniciado el pasado 5 de noviembre con el anuncio del Consell de liquidar la empresa después de 24 años de actividad.
Los de la cadena, se han constituido en asamblea permanente, movilizados en defensa de sus puestos de trabajo y de un servicio público que creen esencial, con una consigna clara: Canal 9 no se cierra. Ni se apaga.
“Que nadie toque ningún botón para suspender emisiones. Si alguien os quiere obligar, avisad inmediatamente al comité de empresa”, han dicho, tal como se recoge en su twitter, los representantes de los trabajadores. Éstos advierten de que, apagar la televisión sin despedir antes a los trabajadores, podría ser ilegal y acarrear, incluso, castigo penal.
La Generalitat parece tener prisa por cerrar la televisión, para tratar de impedir que los trabajadores utilicen los informativos de la cadena para atacar al Consell y al PP valenciano por esta decisión. La programación en manos de los trabajadores ha elevado la audiencia durante noviembre al 4,3% de cuota, la más alta de las autonómicas.
Desde hoy mismo, ese corte de la señal es posible; sin embargo, la Generalitat no asegura cuando lo hará, ya que teme que una decisión apresurada pudiera conllevar un nuevo revés judicial que la obligara a reabrir las emisiones y volver a hacer el ridículo.
Sus abogados están recopilando de toda la información y jurisprudencia para tener las máximas garantías jurídicas a una decisión que, tal y como manifiestan los grupos de la oposición, todavía tiene un horizonte judicial importante.
