El estupor va creciendo en la opinión pública británica a medida que se va conociendo las dimensiones de las escuchas telefónicas que hacían varios medios británicos; al mismo tiempo que crece la convicción ciudadana de que “hay que pararle los pies a la prensa”.
En la última semana han aparecido nuevos damnificados de esos abusos, entre ellos Kate Middleton, el alcalde de Londres, Boris Johnson; el futbolista Wayne Rooney y la doble de Angelina Jolie, la británica Eunice Huthart, en la época en la que la actriz empezó su relación con Brad Pitt; que figuraban entre los objetivos del detective privado Glenn Mulcaire que ha confesado haber pinchado teléfonos durante años para la prensa sensacionalista del país.
Mientras tanto ha trascendido que la ley de regulación de la prensa que está siendo elaborada en base a las conclusiones de la pesquisa del lord Brian Leveson, no comenzará a implementarse hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para 2015, pero que modificará de lleno el funcionamiento de los diarios.
El vice primer ministro británico, el liberal democrático Nick Clegg, dijo que tras amplias negociaciones con el sector de la prensa, se optó por la creación de un nuevo regulador como consecuencia de irregularidades en el comportamiento de algunos periódicos.“Debemos asegurarle a la población que esos mecanismos que hemos creado sean independientes del sector de los medios”, concluyó.
En el mismo sentido, la ministra de Cultura y Medios, la conservadora María Miller, sostuvo que la nueva Carta Orgánica logra un balance adecuado entre el ejercicio de la libertad de prensa y las garantías para las víctimas de periodismo deshonesto.
Hacked Off, miembro del colectivo que representa a víctimas de las escuchas telefónicas ilegales de la prensa, se refirmó en que “los medios deberán cumplir con las nuevas indicativas”.
“Se acabaron los lamentos, ahora a cumplir la ley”, afirma la entidad. Sin embargo, varias publicaciones y matutinos amenazaron con boicotear la legislación, que impondrá multas, de hasta 1,6 millones de dólares, a los medios que violen las normativas o no se retracten cuando publiquen información inexacta.
