La asociación científica de investigadores de la comunicación Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Culutra (ULEPICC-España) expresa su más firme rechazo al cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) anunciado por el Gobierno de la Comunidad Valenciana el pasado 5 de noviembre.
Dicho cierre -también se anuncia en la Comunidad de Madrid- es un atentado contra la democracia. Creemos que los medios de titularidad pública de calidad y libres de injerencias político-partidarias son un elemento clave en la concreción del derecho a la información y a la cultura de la ciudadanía.
En este caso hay una doble agravante.
En primer lugar se pretende, rompiendo el principio de legalidad, un incumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las irregularidades del ERE se derivan de la torpeza de la propia Generalitat, por lo que es injusto endosársela a la plantilla mediante un cierre.
En segundo lugar fue la propia Generalitat, en las etapas de Zaplana, Camps y Fabra, quien llevó a una situación imposible a RTVV. Por un lado, con unos informativos muy manipulados y con una programación general populista e impropia de un servicio público a la que ha ido dando la espalda la ciudadanía. Y, por otro lado, con un sobredimensionamiento y endeudamiento absolutamente alejados de los parámetros de una buena gestión.
Tal parece que se pretendía reforzar su inviabilidad ya que siempre han sido partidarios, públicamente, de su privatización que ahora no es posible por la carga de deuda acumulada de 1.200 millones, salvo que ésta se socialice mientras se privatiza el medio o sus restos. Sería un fraude descomunal.
La Comunidad Valenciana no puede prescindir de su RTV pública, tanto por razones de idioma, cultura y vinculación social como por razones de información específica de programación y producción propias.
El envío al paro de 1.700 trabajadores del ente público -junto a los 3.000 a 5.000 puestos de trabajo indirectos- además de una tragedia personal, supondría una descapitalización de recursos humanos especializados en audiovisual con efectos muy negativos para la presencia de la Comunidad Valenciana en la Sociedad del Conocimiento.
No todos los gestores de los medios públicos han actuado igual. Es urgente que donde haya problemas se combata la mala gestión económica y/o de credibilidad que hoy aqueja a una parte de los medios de radiotelevisión públicos, mediante el cumplimiento de las finalidades de servicio público, la participación social y una buena gestión fiscalizada.
Los Gobiernos central y autonómicos del PP y sus medios de comunicación afines están propagando la idea de que el sistema de RTV -RTVE y RTVs autonómicas y locales- es prescindible, por caro, en época de crisis, cuando no es cierto.
Según una rigurosa investigación*, si la TV pública cuesta a cada europeo 52€ y la media que paga cada hogar es de 148,5€ al año, en España es de 46€ (34 para las RTVs autonómicas en 2010) y de 128,3€ por hogar (96 las autonómicas) con un sistema más completo, por regionalizado, que el que hay en otros países europeos. Es más, se admira el modelo autonómico español. Las RTVs autonómicas son un activo a proteger, eso sí, desde parámetros de racionalidad, control y servicio público.
En suma, abogamos por unos medios de radiodifusión públicos al servicio del pluralismo y de la diversidad e instamos al Gobierno de la Comunidad Valenciana a rectificar de inmediato su anuncio de cierre de RTVV.
