Un juez de Guatemala ha condenado a dos empleados del equipo de seguridad de una empresa minera con capital estadounidense, por un delito de coacciones y amenazas contra cinco periodistas comunitarios y de organizaciones campesinas que cubrían una protesta de los vecinos de San Pedro de Ayampu y San José del Golfo.
Los vecinos se habían concentrado pacíficamente frente al pozo El Tambor para impedir el paso de las máquinas, como vienen haciendo desde hace un año, y los dos condenados, uno de ellos ex militar, agredieron y amenazaron a los informadores para que no tomaran fotografías ni grabaran la protesta.
El juez ha indicado que los agredidos realizaban un trabajo periodístico y tenían el derecho constitucional a informar y ser informados, porque la población tiene derecho a que los periodistas les trasladen información verídica de lo que sucede.
La condena, de dos años de cárcel, ha sido conmutada por una multa de tres dólares al día durante ese tiempo porque ellos han reconocido las amenazas y los periodistas han aceptado que no ingresen en prisión, según ha informado el digital Prensa Comunitaria.
Esta sentencia contrasta con lo que sucede en España, donde informadores de medios comunitarios y alternativos con cierta frecuencia han visto obstaculizado su trabajo por algunos agentes policiales y en los pocos casos en que han presentado una denuncia se han visto a su vez denunciados ellos por los policías y no han logrado que se reconozca judicialmente a agresión contra su derecho a informar, excepto en contadas excepciones.
En Guatemala no es la primera sentencia de este tipo. Pocos días antes, una juez condenó a seis meses de cárcel conmutables al ex ministro de Cultura Jerónimo Lanceiro, quien se confesó culpable de haber amenazado a una periodista para que no publicara el resultado de una investigación.
