El lunes 22 de octubre pasado, se ha celebrado por fin el juicio derivado de las denuncias de los sindicatos sobre la improcedencia e irregularidades del ERE promovido por la dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y que, según sus intenciones, debía concluir con el despido de 1.295 empleados.
Sin embargo, esos directivos se han llevado la sorpresa -previsible según ámbitos judiciales- de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Rafael Navarro, haya recomendado al tribunal la nulidad del ese ERE atendiendo que en el procedimiento se dieron distintas irregularidades en sus formulación, así como la vulneración de derechos fundamentales de los despedidos.
El fiscal entiende que “Se han vulnerado los derechos fundamentales” de los trabajadores despedidos, basándose en que se producido por parte de los directivos la alteración subjetiva de la lista inicial de afectados por el ERE que había sido elaborada por la comisión evaluadora.
Concretamente el fiscal refiere la “alteración de la lista de afectados, afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”. La consecuencia, en su opinión, ha sido una «discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial». Además, entiende que los trabajadores de RTVV no han tenido acceso a información básica sobre el ERE y los planes de la empresa.
Esta auténtica chapuza ha sido la obra continuada de los tres últimos directores generales del ente José López Jaraba, Alejandro Reig y Rosa Vidal.
Es cierto que las declaraciones del fiscal no son vinculantes; pero sin duda debería influir en el criterio de los jueces del TSJCV en el momento de juzgar, lo contrario sería de muy difícil digestión.
Ahora, el tribunal tiene tres posibilidades: aprobar la continuación de los despidos despreciando el informe del fiscal; ordenar la indemnización de los trabajadores afectados, o declarar la nulidad del ERE, con la correspondiente reincorporación de los trabajadores y la percepción íntegra de sus salario durante los meses ñeque han estado suspendidos de sus funciones.
