A pesar de que el Gobierno lo había presentado como su proyecto «estrella» para la regeneración de la democracia y la lucha contra la corrupción política, el PP no ha logrado el consenso que pretendía en apoyo del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. El pleno del Congreso ha aprobado hoy ese texto con los votos a favor de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro por Asturias, mientras que han votado en contra PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, BNG, Amaiur y Compromis.
El texto ha sido mejorado respecto al que presentó el Gobierno hace ahora un año, pero varios partidos consideran que todavía se queda muy cojo y es insuficiiente. El PP no ha aceptado la mayoría de las enmiendas presentadas por los demás grupos, excepto algunas de CiU, PNV y otras.
Los grupos que han votado en contra han criticado que el proyecto establece muchas limitaciones para acceder a la información pública, permite que el Gobierno pueda negar lo que solicite un ciudadano simplemente no contestando a su petición, no considera la información como un derecho fundamental y no establece mecanismos de control fiables para que se cumpla.
El PP tampoco ha tenido en cuenta las propuestas que le hicieron llegar la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), la Coalición pro Acceso y otros colectivos, todas ellas con el propósito de que el proyecto de ley fuera mejorado en beneficio del derecho a la información que tiene constitucionalmente la ciudadanía.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría -que ha votado en contra del proyecto de ley, por error-, ha dicho que hará todo lo posible para que durante la tramitación de este texto en el Senado puedan llegar a acuerdos para que lo apoyen los grupos que ahora han votado en contra. Ese consenso sólo será posible si el PP acepta al menos parte de las enmiendas que presente la oposición.
Además, es una buena ocasión para que tenga en cuenta las propuestas que han planteado las organizaciones de periodistas, a los que esta futura ley también afectará.
