La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Federación europea de Periodistas (EFJ) se han unido a su afiliada, la Unión Nacional de Periodistas de Reino Unido e Irlanda (NUJ), para condenar la detención de David Miranda en un aeropuerto londinense y la destrucción de documentos propiedad del diario The Guardián, declarando que estos incidentes son nuevos ataques a la libertad de los medios de comunicación y un abuso salvaje de la ley.
La normativa británica Acta de Terrorismo 2000 permite detener hasta nueve horas a los viajeros a pesar de poseer visado en regla y no ofrecerles asistencia jurídica durante ese lapso.
El editor de The Guardián, Alan Rusbridger, reveló que el gobierno británico había contactado con el diario sobre material obtenido de Edward Snowden, y le pidió que se lo entregaran o destruyeran esos documentos con la presencia de dos expertos en seguridad de la GCHQ.
«Estamos impresionados y profundamente preocupados en los incidentes en Gran Bretaña los últimos días,» ha dicho el presidente de FIP, Jim Boumelha. «La detención de David Miranda y las revelaciones de The Guardián son indicios claros que ha habido un abuso las llamadas leyes antiterroristas. No sólo se trata si el uso de la normativa era apropiado o legalmente justificado sino de la intervención y el papel jugado por los ministros británicos en este proceso. Pedimos la intervención del Parlamento británico para investigar quién y por qué se ha solicitado a The Guardian destruir o entregar los documentos.»
Por su parte, el president de la FEP, Mogens Blicher-Bjerregård, ha señalado que «Los incidentes de la semana pasada en Gran Bretaña son la última prueba de la erosión continuada de la libertad de los medios de comunicación y los derechos civiles. Los periodistas, en todo el mundo, están viviendo el crecimiento de los controles de vigilancia, detenidos en las fronteras e interferidos para llevar a cabo sus trabajos. Tales acciones son completamente inaceptables y FIP/FEP respaldan la llamada del NUJ para una revisión apropiada e independiente de legislación de terrorismo por la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
