La formación política Izquierda Unida Canaria (IUC) y el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) han presentado el pasado 9 de agosto ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por las irregularidades en la tramitación y elaboración de los contratos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) detectados en un informe de la Audiencia de Cuentas que analizó, a instancias del Parlamento, los contratos del ente público entre los años 2007 y 2011.
Ambas organizaciones, en amparo del artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han solicitado a la Fiscalía que investigue a fondo el informe de la Audiencia de Cuentas al apreciar en él posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos suscritos por el ente.
La denuncia, dirigida contra Guillermo García y todas las personas que participaran en las irregularidades detectadas, se fundamenta en que dichas irregularidades responden a una práctica continuada y sistemática que ha podido beneficiar a determinadas empresas y que ha podido suponer un menoscabo de los recursos públicos del ente al no cumplirse, entre otros aspectos, y siempre según el informe, los criterios de eficacia, eficiencia y economía en la contratación pública.
Tanto IU como UPCC consideran, además, que dichas actuaciones van en línea con la polémica gestión de García al frente del ente público, priorizando siempre intereses políticos y empresariales por encima de los intereses de sus propios trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.
Tanto el secretario general de UPCC, Samuel Toledano, como el coordinador insular de IU, José Pérez Ventura, han coincidido en resaltar la ausencia de reacciones o explicaciones sobre el informe por parte de Guillermo García, el ente o el Gobierno regional. Igualmente, y dado que la Audiencia de Cuentas no ha trasladado este informe a Anticorrupción, ambas organizaciones se han visto obligadas a tomar esta iniciativa.
Tras esta denuncia, deberá ser la Fiscalía la que analice si, efectivamente, se han producido hechos punibles en las contrataciones realizadas por el ente.
IUC y UPCC invitan a todas las organizaciones políticas y sociales que lo deseen a sumarse a esta denuncia, dada la gravedad de las irregularidades detectadas y el enorme perjuicio que la actuación de Guillermo García puede causar a los recursos públicos, a los profesionales del ente y al conjunto de la ciudadanía, privando a la sociedad de una información que no cumple su obligación de servicio público.
