Que los Estados aprovechen los avances tecnológicos para controlar las comunicaciones de sus ciudadanos contravienen el derecho a la privacidad, aseguró el pasado 19 de julio Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión.
En un informe, Frank La Rue recordó que la intervención de las comunicaciones de los individuos se realiza sin que éstos estén al tanto ni puedan cuestionarla o impugnarla.
El experto recordó que los derechos a la privacidad y la libertad de expresión están reconocidos por las leyes internacionales y que los Estados tienen la obligación de respetarlos.
La Rue se refirió al control que tienen los Estados sobre las telecomunicaciones y el Internet, a los recursos tecnológicos con que cuentan y al uso que les dan para vigilar a sus ciudadanos, y preguntó cómo están reguladas estas prácticas a nivel nacional, quiénes son las autoridades que implementan la vigilancia y qué destino tiene la información monitoreada.
Agregó que, al igual que otras garantías fundamentales, esos derechos sólo pueden limitarse en circunstancias excepcionales y consideró que las leyes nacionales relacionadas con esa práctica en el contexto de una sociedad democrática normalmente son inadecuadas.
Además, apuntó el relator, la noción no especificada de “seguridad nacional” se ha convertido en una justificación aceptable para la intercepción de comunicaciones en muchos países.
En este sentido, urgió a los Estados a revisar su legislación para estipular claramente cuáles son las circunstancias excepcionales para vigilar a los individuos y los conminó a concienciar a la ciudadanía sobre las crecientes amenazas que las nuevas tecnologías suponen para su privacidad.
