Dardo Gómez – Barcelona
En la rueda de prensa celebrada el pasado miércoles en Barcelona y en la que los decanos del Colegio de Periodistas y del Colegio del Audiovisual catalanes rechazaran el ERE que afecta a las empresas de la CCMA, principalmente TV3 y Catalunya Ràdio; se mostraron algunos perfiles de esa medida propuesta que son singularmente graves para la profesión periodística.
Según las listas de “condenados” diseñada por la consultora Price Waterhouse Cooper (de idéntica actuación en Canal9) y que ha asumido la empresa, de las 312 personas que perderían sus puestos de trabajo casi la mitad es personal afectado a tareas informativas.
En la lista de “prescindibles” de Tv3 aparecen 60 periodistas, a los que se deben añadir otros profesionales de las redacciones que realizan tareas de realización, producción, lingüistas, grafistas o documentación. Sumando llegamos a 156 profesionales de las redacciones sobre un total de 249 despedidos.
En Catalunya Ràdio serían 40 los informadores afectados, incluyendo locutores, presentadores, guionistas y productores, de un total de 58 despidos planteados.
En porcentajes, en Tv3 los informadores serían el 62,65% de los “despedibles”, y en la emisora de radio autonómica el 82,75%.
Todo indica que estaríamos ante el desmantelamiento de dos redacciones, que viene precedido del despido de corresponsales y supresión del servicio que prestaban periodistas de las comarcas.
El interrogante es qué es lo que se pretende con una purga de las redacciones que suena muy rara en una empresa que se ha caracterizado por primar sus servicios de información. Informativos, reportajes y documentales de destacable calidad sobre los que se ha asentado gran parte del prestigio de estas emisoras.
Los supuestos y presagios no son buenos. Bien nos encontramos ante una purga ideológica para reemplazar profesionales con trayectorias de prestigio por “redactores de confianza” o se prepara la externalización de esos servicios. Experiencias que ya se han vivido en emisoras autonómicas como Canal9 y TeleMadrid.
A pesar de los reclamos de todas las organizaciones de informadores de Cataluña, la CCMA y el Gobierno que la sustenta guardan silencio.
