El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, encabezado por su presidente José Mujica, envió el pasado martes al Congreso de ese país el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el propósito de que sea aprobado antes de que termine su mandato en 2014.
Esta iniciativa entronca con las leyes similares de otros países del Cono Sur para dotarse de un régimen regulatorio avanzado que preserve los derechos de la ciudadanía a la información y la comunicación.
El texto presentado consta de más de 180 artículos y 13 capítulos con el objetivo de “regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual” con “reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores”.
Define a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como “servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional” y, por lo tanto, de “interés público”, y sostiene que “es deber del Estado asegurar el acceso universal” a los SCA para contribuir “a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas”.
Para lo cual expresa que “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control”.
Otro importante cambio propuesto del proyecto es “la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA” y busca limitar la concentración de estos medios pasando de la “situación precaria y revocable de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones con plazos determinados y renovables”.
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas” del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre “autorregulación ética” para los titulares de SCA a partir de un código “determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve”.
También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.
