En un comunicado emitido hoy de forma conjunta el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (CPXG), las Asociaciones de Periodistas de A Coruña, Santiago y Lugo, (estas adscritas a FAPE), y el Sindicato de Periodistas de Galicia (SXG), apoyan las iniciativas adoptadas por los trabajadores y trabajadoras de la CRTVG en defensa de su independencia y de la libertad de información.
Tras la denuncia realizada por el Comité de Empresa de la CRTVG sobre lo que califican cómo prácticas de manipulación en el seguimiento de diversos casos de corrupción política y de las presiones ejercidas sobre periodistas de los servicios informativos, los colectivos profesionales celebran el paso adelante de los informadores en defensa del crucial papel de los medios públicos como garantía de una información plural, veraz e independiente y el uso de criterios exclusivamente periodísticos en la elaboración de contenidos informativos.
Las organizaciones firmantes “consideran que un elemento necesario para fortalecer la calidad e independencia de la información ofrecida por los medios públicos es la puesta en funcionamiento del Estatuto Profesional y del Consejo de Informativos, previstos por la Ley 9/2011, aprobada por el Parlamento Gallego. También reclama que se ponga en marcha la elección del director general por mayoría cualificada del Parlamento y la elección de personas con experiencia profesional acreditada para formar parte del Consejo de Administración (demanda que hacen extensiva a los miembros del Consejo Asesor de RTVE en Galicia).
Asimismo, demandamos la creación de un Consejo del Audiovisual, existente en todos los países de la Unión Europea, y que en España ya funciona desde hace años en Cataluña y Andalucía.
En ese sentido recordamos que las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación de la Comisión Europea convocado por la vicepresidencia de la Comisión Europea establecían que todos los países de la UE deben tener consejos de medios de comunicación independientes, con competencias para investigar quejas, comprobar códigos de conducta y conflictos de interés, etc.
Esa recomendaciones deben tener poder de aplicación real, como la imposición de multas, el deber de publicar o transmitir disculpas, o la eliminación del estatus de periodista. Igualmente, dice el HLG, ‘cualquier propiedad pública de los medios de comunicación había debido estar sujeta la reglas estrictas que prohíban la interferencia gubernamental, que garanticen el pluralismo interno y que estén bajo la supervisión de un cuerpo independiente que represente a todas las partes interesadas’.”
Por último, las organizaciones “manifiestan su unidad hacia defensa de los medios públicos gallegos frente los ataques de cualquier signo que debiliten o amenacen su permanencia y presencia en la sociedad gallega como garantizas de la defensa de la lengua y cultura propios, principio para los que fue creada a CRTVG mediante la Ley 9/1984.”
