Para el próximo jueves 7 de febrero se convoca en Madrid una concentración de trabajadores de las radiotelevisiones de todo el Estado y de la ciudadanía para manifestarse bajo el lema “”En defensa de la RTV pública”.
La concentración esta convocada por Comisiones Obreras (CCOO), Unión general de Trabajadores (UGT), Confederación General de Trabajadores (CGT) y Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), a las 12.00 horas en la Plaza Jacinto Benavente, de donde partirá en manifestación hasta Puerta del Sol, donde espera llegar sobre las 13.30 y donde se leerá el “Manifiesto en Defensa de la RTV pública” que suscriben las entidades convocantes.
El recorrido es el mismo que cada jueves vienen realizando los trabajadores de Telemadrid y se espera la concurrencia de delegaciones de distintas radios y televisiones autonómica que como señala el manifiesto están sufriendo el “exterminio de los medios de comunicación públicos”.
El manifiesto comienza señalando que “Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones del Gobierno, tanto central como autonómicos, que tienen como objetivo la liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio Televisiones Públicas, auspiciada por el cambio legislativo del actual gobierno, que supuso la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, abriendo las puertas a la gestión privada.”
Tras denunciar los casos de Radio y Televisión de Madrid y Valencia señala que “Se ha demostrado, además, que el modelo de privatización y concesión a empresas privadas de las televisiones públicas autonómicas, puesto en marcha en Murcia, Canarias, Aragón o Castilla y León, y ya aplicada en origen en IB3 y la RTV canaria, no es viable social ni económicamente.
No solo no ha garantizado una televisión de calidad, sino que tampoco ha reducido costes. Inmersas en procesos de despido colectivo (como es el caso de RTVCyL) e incluso de cierre (la televisión murciana ha dejado de emitir temporalmente), a pesar de la precariedad laboral de sus plantillas, no han proporcionado el servicio público de radiotelevisión costeado a través de los presupuestos generales de sus respectivas comunidades autónomas.
Ha servido sólo para incrementar y profundizar las redes de corrupción tejidas en torno a la radiotelevisión y a diversos gobiernos autonómicos.”
