La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha expresado su rotundo rechazo a la reforma del mercado laboral decretada por el Gobierno: «Es injusta, ineficaz e impuesta», indica en un documento de análisis difundido ayer
En 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó su reforma laboral, los inspectores de Trabajo también la criticaron porque consideraban que no iba a servir para crear trabajo e iba a reducir la temporalidad en el empleo. Ahora, en un durísimo informe, critican la del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
«Nuestro objetivo como nación, en lo económico, no puede ser competir a base de bajos salarios, precarización y desregulación con países de reciente desarrollo, sino defender los avances del estado de bienestar, adecuando lo necesario para conseguir mayor estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo más flexibles mediante mayor participación de los trabajadores y sus representantes y ampliando el ejercicio de la democracia en el ámbito de la empresa», señalan.
La reforma laboral, en su opinión, «es la manifestación acabada del pensamiento conservador en la materia: lejos de constituir, como proclama, un equilibrio de condiciones, es la expresión de un nuevo y grave desequilibrio entre empresarios y trabajadores que poco tiene que ver con el fomento del empleo y mucho con el establecimiento de un nuevo e injusto marco de relaciones laborales en el que el empresario refuerza su hegemonía a costa de reducir la intervención de los trabajadores y de los poderes públicos».
En su informe, que critica prácticamente todas las medidas incluidas en el real decreto, dicen que «consagra la privatización» de las empresas de Trabajo Temporal (ETT), porque sitúa al Servicio Público de Empleo en un papel subsidiario; que fomenta «la inestabilidad y la temporalidad» en el empleo, y que fija un periodo de prueba de un año en los contratos de apoyo a los emprendedores que es «de más que dudosa legalidad» por su excesiva dilatación.
Además, afirman que la legislación laboral española no era «rígida en absoluto», sino «la más flexible de Europa», en contra de lo que dicen tanto el Gobierno como los dirigentes del PP. Como prueba de ello recuerdan que España ha registrado en tiempos de expansión el crecimiento económico y de empleo más elevado de Europa y en tiempos de crisis la mayor pérdida europea de puestos de trabajo. «¿Cabe mayor flexibilidad en el ajuste del empleo?», se preguntan.
Por eso también critican que la reforma incluya elementos de flexibilidad interna en las empresas, por ejemplo, que el empresario pueda reducir los salarios, modificar los horarios o no aplicar los convenios colectivos sectoriales sin tener que negociarlo con los comités de empresa o delegados sindicales, pero no introduzca para compensar mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes ni el «control público para impedir el abuso».
Entienden que la reducción de las indemnizaciones en los despidos; que el empresario pueda despedir a parte de su plantilla sin necesitar autorización administrativa previa (los actuales Expedientes de Regulación de Empleo; la posibilidad de despidos colectivos en las administraciones públicas por razones de presupuesto, y la destrucción de la negociación colectiva) que suponen estas medidas.
«Sólo pretende el abaratamiento del coste del trabajo y la ruptura del equilibrio en la relación laboral colectiva, en perjuicio de los trabajadores», señalan.
«El objetivo real de la reforma no es otro que crear las condiciones para un nuevo impulso a la transferencia de renta de los asalariados a los empresarios», añade la UPIT .
El documento completo en: http://www.upit.es/web/index/show/id/15
