La jueza del juzgado del social número uno de Santiago de Compostela dictó el pasado 23 de diciembre una resolución judicial por la que le remite a la Fiscalía documentación para dilucidar si los incumplimientos de sentencia por parte de la empresa constituyen un delito de desobediencia a la autoridad.
Los hechos se refieren a los reiterados incumplimientos de una sentencia de 2008 que declaró nulos los despidos de varios trabajadores que llevaban años realizando directos para TVG a través de una productora por cesión ilegal.
En diversos autos posteriores, la magistrada ya ha ordenado la ejecución de la primera sentencia dictada, que obligaba a la TVG a reincorporar a los demandantes en los mismos puestos de trabajo que tenían antes del despido, esto es, los equipos de directos,
Además, según la jueza, cuando la empresa readmite a los trabajadores, les asigna códigos que corresponden a plazas estructurales que ya existían en el centro de trabajo de San Marcos y que se sacan a concurso en el proceso selectivo que se convoca posteriormente, actualmente en marcha, con el único objetivo de intentar cesarlos después, dadas sus escasas posibilidades de ganar alguna de las plazas ofertadas en ese procedimiento extraordinario.
La sentencia anula la asignación dichos códigos y obiga a la CRTVG a crear los puestos de trabajo de directos, inexistentes actualmente en la empresa, en cumplimiento de la Ley de la Función Pública de Galicia.
La resolución considera acreditado el incumplimiento de la sentencia, a pesar de los constantes requerimientos efectuados, por lo que le remite a la Fiscalía testimonio del procedimiento para que dilucide si los hechos habían podido constituir delicto de desobediencia a la autoridad, designando como responsable al actual director de recursos humanos de la CRTVG. La pena que establece el código penitenciario para lo delicto de desobediencia a la autoridad es de seis meses a un año de cadena.
El Comité Interempresas le exige por todo esto a la empresa que acate los mandatos de los juzgados para resolver lo antes posible el elevadísimo grado de xudicialización de las relaciones laborales en la CRTVG, donde más de 300 trabajadores y trabajadoras tienen interpuesta una demanda.
