La propuesta de la SEPI y de la Dirección General de RTVE adolece de un error de partida, y de un incumplimiento lacerante. El error es poner el carro delante de los bueyes y querer organizar RTVE con carácter previo a la aprobación de la Ley de reforma del Ente, que ha de definir la misión de servicio de la radiotelevisión pública estatal y la financiación y la organización de este servicio público, tan necesario para la preservación del pluralismo y la programación de calidad, que el mercado no asegura.
El incumplimiento es doble: por no asumir el Gobierno de ZP, como prometió éste, las propuestas del Comité de Expertos para la reforma de los medios públicos estatales (no hay todavía propuesta gubernamental sobre EFE), y por desdecirse la Directora General de RTVE de que la reestructuración debería venir, lógicamente, después de la definición a través de la Ley.
Como añadido, la propuesta de la SEPI no es sólo chatamente economicista, ignorando la rentabilidad social de los medios públicos estatales, sino claramente centralista, eludiendo la responsabilidad del Estado y de sus medios públicos en la difusión de lenguas y culturas no castellanas y dando marcha atrás en conquistas históricas como la programación en catalán de Ràdio 4 en Catalunya o en TVE en Sant Cugat.
El FOP reclama que desde el Gobierno y la Dirección General del Ente Público se negocie de buena fe con los sindicatos y se acepte que la televisión pública estatal ha de disponer de la dimensión y la estructura necesarias para ser realmente el servicio público que se pretende. La reforma pasa por el respeto a los derechos de los trabajadores y al mantenimiento de una plantilla suficiente y estable con empleo de calidad, el compromiso de permanencia de las empresas del ente en el sector público por lo que respecta a la gestión y a la producción propia y el mantenimiento de la estructura territorial como elemento vertebrador de una sociedad y de un Estado plurales.
La respuesta de los trabajadores se está situando a la altura del desafío planteado, y alertamos a los responsables de RTVE de que no se reproduzcan situaciones como la interrupción empresarial del informativo catalán de TVE, cuando se habían leído comunicados de protesta de los trabajadores, acto que sólo cabe calificar como censura, y de que no se lleven a la práctica amenazas de sanciones contra quienes luzcan adhesivos reivindicativos en momentos de emisión en directo. De no ser así, añadirían a lo injusto de la propuesta de reestructuración el autoritarismo que sólo puede llevar al endurecimiento del conflicto. Y a la posibilidad de que el nuevo modelo de RTVE, eficiente y viable, pero asumiendo su misión de
servicio público, naufrague.
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